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Los Derechos Humanos en el Siglo XXI

10 dic 2015

*Por Gabriel Pereira, Director Adjunto de Andhes

La conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en el contexto del Bicentenario de nuestra Independencia es una excelente oportunidad para reflexionar sobre cuál ha sido y cuál debe ser el rol de los derechos humanos el siglo XXI. La historia reciente de nuestra Latinoamérica ha puesto de manifiesto que el estado puede ser simultáneamente tanto la amenaza al goce de nuestros derechos como asi tambien el único agente capaz de garantizar dicho goce. El desarrollo de los derechos humanos como herramienta política de construcción democrática debe dar cuenta de esta tensión, donde el estado está obligado a limitar su intervención, y a la vez debe profundizar sus modos de intervención social y política a los fines de garantizar la dignidad del ser humano. Justamente, desde hace unas décadas se consolida una re-conceptualización del rol de los derechos humanos frente al estado que se hace cargo de esta tensión.

No exageramos cuando decimos que los derechos humanos han cumplido un rol fundamental en la consolidación de las democracias latinoamericanas. Actualmente, es imposible pensar la construcción de una sociedad democrática sin el logro de los deberes de protección, respeto y garantías de estos derechos. Podemos decir que ese rol se materializó gracias a la creación del cuerpo normativo internacional que impone límites y obligaciones a los estados en lo que hace a la defensa de la dignidad del ser humano. Estos instrumentos internacionales han sido receptados en toda la región tanto por constituciones y legislaciones nacionales, como por una rica jurisprudencia establecida por diferentes cortes supremas y constitucionales. Todos estos avances han dado lugar a la creación de lo que se denomina el Derecho de los Derechos Humanos.

En este marco, los derechos humanos actúan como un escudo que puede ser esgrimido por cualquier persona frente al potencial avasallamiento de su dignidad. Así, al tomar la forma de estándares institucionales y jurídicos supremos en el orden jurídico nacional e internacional, se ha consolidado una visión de los derechos humanos que los presenta como una barrera frente al accionar ilegal del estado.

Esta visión ha sido crucial para revertir los patrones de violencia estatal que ha sufrido la Región durante el siglo XX. Sin embargo, en los albores del nuevo milenio, una re-conceptualización de su rol es impulsada por actores de organizaciones internacionales, la academia, y el activismo nacional y trasnacional. Bajo esta nueva visión, se reconoce no sólo lo que el Estado debe abstenerse de realizar, sino también aquello que está obligado a hacer en aras de permitir la plena realización de los derechos.  

Así, esta visión implica cambiar nuestra forma de entender la relación de los derechos humanos frente al Estado, ya que no solo propone el uso de los mismos para fijar límites a los órganos estatales, sino también para plantear qué podrían hacer para garantizar derechos. De esta manera, se produce un cambio sustancial respecto de cómo usamos el derecho de los derechos humanos, ya que tal cuerpo normativo se propone no tan solo como un límite al abuso del poder, sino como un derecho que puede, constituirse en un programa de acciones positivas de los Estados, un programa para desarrollar políticas concretas que apunten a los problemas estructurales desde los cuales emanan esas violaciones. Aquí, el estado ya no tan solo es visto como una amenaza para la realización de los derechos humanos, sino también, como el facilitador de su pleno goce.

Bajo esta nueva visión, emerge el vínculo entre las políticas públicas y los derechos humanos, ya que la discusión sobre efectiva protección de estos se materializa, ya no tan solo en la protección judicial de los mismos, sino en esfuerzos por traducir los estándares jurídicos de protección (nacionales e internacionales) en acciones de política institucional y de control social. Para esto, se ha propuesto lo que se ha denominado como el “enfoque de los derechos” según el cual, el derecho de los derechos humanos se considera como un marco conceptual aplicable al ámbito del desarrollo y al proceso de formulación, implementación y monitoreo de políticas públicas

En ese sentido, la relación entre derechos humanos y políticas públicas implica la aplicación de los principios básicos del derecho de los derechos humanos a todo el proceso de formación de estas políticas. En resumidas cuentas, y tomando como guía esos principios, los derechos humanos se constituyen como un marco político que promueve centralmente el fortalecimiento del papel del Estado como garante de los derechos y el posicionamiento de los sujetos (individuos o colectivos sociales) como titulares de derechos con la capacidad de reclamar y participar, y no como meros beneficiarios de una política, un programa o un plan. En otras palabras, el enfoque de derechos propone que el programa de políticas públicas del estado contemple la igualdad social (o cultural), la discriminación positiva, la participación y el fortalecimiento de los colectivos vulnerables como orientaciones de las políticas públicas. Claramente, este enfoque propone una mirada superadora de las miradas tradicionales sobre políticas públicas, al poner como eje de las mismas la igualdad y la dignidad. Desde este enfoque, las políticas públicas ya no son vistas como acciones estatales tendientes a satisfacer meras necesidades, sino más bien, a satisfacer derechos.


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